El Gobierno obtuvo el miércoles pasado dictamen en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento del Súper RIGI, pero el proyecto cosechó críticas de referentes económicos cercanos al espacio oficialista y generó inquietud en sectores del empresariado local.
Las críticas al esquema de incentivos
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo cuestionó el mecanismo durante su participación en el programa Economía de Quincho. "Es un error otorgar privilegios a ciertos sectores en lugar de buscar un tratamiento igualitario para toda la economía", afirmó. En el mismo evento, señaló que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, "comparte esas inquietudes", lo que generó incomodidad en el propio ámbito oficialista.
Poco después, la Fundación Mediterránea publicó un informe en el que describió al Súper RIGI como "otra isla en un océano de distorsiones". El cuestionamiento apunta a la proliferación de regímenes especiales que, según esa visión, no modifican las reglas generales de la economía y mantienen un elevado grado de discrecionalidad en manos del Poder Ejecutivo.
El ex director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), Diego Coatz, planteó que los proyectos beneficiados deberían incluir mayores compromisos de integración nacional, separar los componentes industriales de la obra civil y exigir mecanismos de transferencia tecnológica.
La mirada del sector privado ante las elecciones
Entre los grandes inversores del sector energético y minero, la discusión política ganó peso en las decisiones de negocios. Según Ámbito Financiero, un consultor que trabaja con compañías petroleras y mineras señaló que las empresas valoran las exenciones impulsadas por la administración, pero advierten sobre la incertidumbre electoral. "Lo que fácil llega, fácil se va", resumió la fuente.
La lógica que describen esos actores es la siguiente: un eventual gobierno de otro signo político difícilmente podría revertir los RIGI ya aprobados, dado el historial de litigios en tribunales internacionales, pero sí podría cerrar el acceso a nuevos proyectos o endurecer las condiciones vigentes. En ese marco, según la misma fuente, varias compañías buscan avanzar en sus aprobaciones antes de las elecciones de 2025.
El impacto político del caso Adorni
La presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, amplificó la preocupación en el sector empresarial. Según un relevamiento de la consultora Inteligencia Analítica, entre el 10 y el 15 de junio se registraron 65.051 publicaciones de 25.057 usuarios sobre el tema, con un alcance cercano a los 89 millones de visualizaciones y más de 3,5 millones de interacciones. El 75% de los mensajes fue crítico de las explicaciones del funcionario, incluidos segmentos identificados con el oficialismo.
En ese contexto, una encuesta que habría circulado entre grandes grupos económicos —sin que su fuente ni metodología hayan sido divulgadas públicamente— mostró una caída de ocho puntos en la imagen del presidente Javier Milei en los días posteriores a la entrevista que dio Adorni. Los analistas señalan que buena parte de las valuaciones actuales de activos argentinos descuentan una reelección de Milei, lo que convierte cualquier deterioro sostenido de imagen en una variable de riesgo para las inversiones.
El Súper RIGI aún debe ser votado en el pleno de la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado. No hay fecha confirmada para el debate en el recinto.
